Constitución de la sociedad Spain SL (solo accionistas de personas físicas)

Depende de la jurisdicción. Algunas jurisdicciones, o los bancos que intervienen, exigen que cada accionista desembolse su aportación desde una cuenta a su propio nombre; otras regulan únicamente la cuenta que recibe el capital y la confirmación que acredita el pago; y algunas no prevén ninguna verificación del capital. Compruebe las normas aplicables a la sociedad antes de desembolsar el capital.

El gobierno español no impone ninguna restricción de nacionalidad o identidad a los extranjeros que registren una empresa española y no exige que un residente de la UE sea director nominado.

Se requiere al menos un accionista para constituir una sociedad española. Puede ser una persona física o una empresa. El gobierno no impone requisitos ni limitaciones a la nacionalidad o el domicilio legal de los accionistas de una empresa española

Se requiere una verificación de capital para el registro de una empresa española. Las sociedades de responsabilidad limitada privada de SRL tienen un capital social mínimo legal de 1€ (en la práctica, a partir de 3.000€), que debe desembolsarse en su totalidad.

Sí, el capital registrado debe remitirse de la cuenta bancaria a nombre de los accionistas en proporción a sus participaciones a la cuenta de verificación de capital provisional de la Compañía.

El capital social de la empresa pertenece a la empresa, no a sus socios, por lo que los socios no pueden retirarlo libremente tras la constitución. La empresa puede destinarlo a su actividad. Para devolver capital a los socios hay que seguir un procedimiento previsto en el derecho de sociedades aplicable, como una reducción formal de capital, y los beneficios solo pueden repartirse entre ellos mediante una distribución lícita.

Para el informe de AML/riesgo que los abogados, bancos y agentes en España (y la UE) deben elaborar, el cliente debe acreditar que su actividad generó ingresos. Se prefiere un certificado de liquidación del impuesto de sociedades (en español o inglés). Si no se dispone de una declaración de impuestos, los ingresos pueden acreditarse mediante contratos comerciales y facturas, o —como último recurso, que conlleva un mayor riesgo— mediante un formulario KYC utilizado como declaración jurada.

Se aconseja a las empresas depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil cada año tras su constitución, para evitar una multa del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) y el cierre registral. Esta obligación de presentar las cuentas anuales es independiente de la declaración del impuesto de sociedades y de cualquier requisito de auditoría obligatoria.

Un poder notarial que autoriza a un apoderado a gestionar el registro de una empresa española (y la correspondiente solicitud del número de identificación fiscal personal) debe otorgarse ante notario en español y luego legalizarse con la apostilla de La Haya. Un poder notarial redactado en otro idioma (por ejemplo, chino) con apostilla puede aceptarse, pero el documento también debe traducirse al español (o al inglés).

Toda persona física que posea más del 25% de la empresa, o que la controle por otros medios, debe ser declarada como titular real (UBO). Esto se evalúa siguiendo la cadena de propiedad hasta la persona física última, incluso a través de una sociedad matriz cotizada. Si un nuevo informe financiero muestra posteriormente que una persona supera el umbral del 25%, la declaración de UBO debe corregirse y pueden requerirse documentos justificativos adicionales. En Malta, cuando todos los socios inscritos son personas físicas que no actúan como fiduciarios (trustees) ni en ninguna otra calidad fiduciaria, ninguna otra persona física posee o controla más del 25% de la empresa ni la controla por otros medios, y ningún alto directivo figura como titular real, el libro registro de socios hace las veces de registro de titulares reales y no se presenta una declaración de UBO aparte. En Malta, estas normas no se aplican a una empresa que cotiza, o que es propiedad indirecta al 100% de una empresa que cotiza, en un mercado regulado con requisitos de divulgación conformes con el Derecho de la UE o normas internacionales equivalentes.

Sí. Para empezar a operar en España —por ejemplo, para contratar empleados— la empresa necesita una persona local (residente en España).

Sí. Los notarios españoles generalmente no consideran los documentos societarios extranjeros como «documentos públicos» españoles, por lo que exigen la apostilla de La Haya (legalización) antes de que los documentos puedan utilizarse en un procedimiento societario en España; esto se aplica incluso a los documentos emitidos en otro país de la UE/EEE.

El requisito de un POA no está vinculado a la nacionalidad del solicitante. La constitución en Portugal, España, Polonia, Malta y Chipre puede no requerir un POA, pero esto depende en última instancia del abogado/proveedor que gestione el caso concreto.